A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), Mujeres Contando habló con Luciano Hazan, abogado argentino, especializado en derechos humanos e integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para América Latina de Naciones Unidas. La charla giró en torno a la situación de verdad, justicia y reparación en la región, al tiempo de los mecanismos de restricción (no acceso o confidencialidad), como el que se impuso desde el Estado al caso de David Romo en Ecuador. También se dialogó sobre el papel de las organizaciones de víctimas, de familiares en las investigaciones y la difusión que los medios de comunicación y redes podemos hacer para lograr que exista voluntad política de los estados y que la sociedad comprenda la tragedia de los familiares que lo dejan todo para buscar a sus desaparecidos.

Por: Emilia Lasso y Nelly Valbuena

Mujeres Contando (MC): Aclárenos algo ¿por qué existe esa división tipológica entre ‘desapariciones forzadas’ y desapariciones ‘involuntarias’?

Luciano Hazan (LH): En realidad tiene que ver con los criterios del Grupo de Trabajo. Cuando se creó en 1980 el concepto de desaparición forzada no estaba lo suficientemente desarrollado. Hoy el concepto utilizado en Derecho Internacional es  de Desaparición Forzada. Cuando existe una privación de libertad, aunque sea legitima, en un primer momento, pero que después resulta en un ocultamiento del paradero de la persona y donde hay intervención de agentes del Estado, aunque sea indirectamente o por mera aquiescencia y en consecuencia se pone a la persona por fuera de la protección de la ley, estamos ante una Desaparición Forzada. Inicialmente el término involuntaria de alguna manera generaba una mezcla con lo que se llama, en derecho humanitario, des in person, que quiere decir personas desaparecidas en un contexto de catástrofes, puede ser una guerra o una catástrofe natural.

M.C.: ¿Podríamos decir que una desaparición por delincuencia común estaría dentro de la tipificación de desapariciones forzadas?

L.H.: Ahí lo que hay que tratar de corroborar es, si los elementos centrales de la desaparición forzada están presentes, estos son:

  1. Existe negativa por parte del Estado a brindar información sobre el paradero de esa persona. Por ejemplo, cuando se da un secuestro extorsivo y lo que quiere es dinero o cualquier otra contraprestación para devolver la libertad a la víctima, no se está desconociendo la privación de libertad y no sería una Desaparición Forzada.
  2. Por otro lado, debe haber una participación del Estado que puede ser directa, indirecta o por mera aquiescencia. Es decir, cuando hay connivencia de policías federales, locales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, o incluso funcionarios civiles de un gobierno. Por ejemplo, si existen negocios de trata de personas en los cuales hay funcionarios involucrados, desde mi punto de vista, eso transformaría el caso en una Desaparición Forzada.
  3. Cuando se da una interdependencia de la participación de agentes estatales con la definición de Desaparición Forzada, aunque esta participación sea por mera aquiescencia. Es decir, cuando el Estado deja que esa desaparición ocurra.

M.C.: Es importante esta aclaración porque en Ecuador tenemos las llamadas ‘desapariciones involuntarias’ que no son reconocidas por el Estado. Por ejemplo, el caso del joven David Romo, está en investigaciones más de cuatro años y aún no se sabe nada.

L.H.: Lo importante es aclarar que mientras haya al menos un indicio, una presunción de alguna participación estatal, se abren las posibilidades de considerar, en primera instancia, que se trata de una Desaparición Forzada y, por lo tanto, tiende a abrir las competencias de los organismos internacionales, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

21267623_1561520210573945_100736569_oDigamos que estamos en una región o en un país donde se está desapareciendo, de manera generalizada y sistemática, mujeres y en varios de esos casos se puede establecer que ha habido connivencia de alguna fuerza policial. Si en ese contexto desaparece una mujer, aunque no haya un testigo que diga que quienes se la llevaron fueron policías, por el contexto, se podría suponer que hubo alguna participación estatal y entonces la responsabilidad del Estado es de investigar el caso y eventualmente decir: este fue un delito cometido por particulares, esto no es una desaparición forzada y ahí los órganos de Naciones Unidas pierden las competencias, pero previamente se requiere de una investigación seria, eficaz y exhaustiva de los órganos del Estado.

M.C.: ¿Cuál es la situación de la Desaparición Forzada en América Latina?

L.H.: América Latina es el continente en el que el concepto de Desaparición Forzada se creó, pero eso no quiere decir que no ocurran desapariciones en otros lugares del mundo. Sin embargo, es en el Cono Sur, Argentina y Chile, donde se empieza a dar de manera generalizada y sistemática en los años 80 y en el marco de las dictaduras, las desapariciones de personas. Este fenómeno se extendió por una política regional de represión a la disidencia política que existía. Lo que vemos hoy es una evolución del fenómeno, por supuesto, una evolución negativa, si bien han disminuido el número de desapariciones en contexto de dictadura, en el contexto de la represión clásica de la disidencia política a través de la desaparición forzada, vemos que sigue habiendo Desapariciones Forzadas, pero con otros aspectos. Podemos encontrar en América Latina Desapariciones Forzadas ligadas, por ejemplo, a la trata de personas. Estos casos son un tipo de delincuencia paraestatal. Es decir, cuando agentes del estado están involucrados con grupos criminales que se dedican a la trata de personas tanto laboral como sexual, o también cuando el estado está involucrado en el negocio de tráfico de migrantes. En distintos países se da la represión a través de la Desaparición Forzada de luchadores sociales. Por ejemplo, personas vinculadas a la lucha del acceso a la tierra y a la preservación de recursos naturales. En América Latina se está utilizando la Desaparición Forzada como método de disciplinamiento. Asimismo, aunque es un asunto global, en América Latina, en los últimos años, se ha utilizado la Desaparición Forzada en la supuesta lucha contra el terrorismo.

M.C.: ¿En qué estamos en términos de verdad y de justicia y, se puede hablar de reparación para las víctimas en América Latina? 

L.H.: Ha habido avances en muchos países y más que nada en desapariciones ocurridas en la época de las dictaduras. Es difícil verlos porque los avances no son siempre contundentes, pero en retrospectiva uno puede ver buenas prácticas en muchos de los países de la región. En lo que se ven pocos avances, es en las desapariciones que siguen ocurriendo en la región, porque actualmente tenemos muchas desapariciones. Al respecto de la reparación, hay que entender que no es solamente económica, porque por supuesto las víctimas de la Desaparición Forzada necesitan una indemnización y sus familiares también, en el caso de que la víctima no hubiera sobrevivido, pero la justicia y el conocimiento de la verdad también son parte de la reparación y en ese sentido hay pocos avances.  El problema más grande en América Latina es la ineficacia de la justicia penal. Este es un problema estructural, ya que nuestras justicias penales están diseñadas para perseguir la delincuencia de pequeños robos o la violencia urbana o callejera. En general las estructuraciones de los sistemas de justicia penal tendieron al disciplinamiento de las clases populares, por parte de las elites políticas y económicas. Por ejemplo, en Argentina hubo un periodo en que se dio un fuerte compromiso político para pelear contra las desapariciones forzadas, para que existiera una rendición de cuentas y para que hubiera justicia, pero sucedió que los sistemas de justicia no estaban capacitados para llevar adelante estos procesos, ni para investigar ni para llevar a la justicia a los responsables. Este tipo de procesos requiere de reformas estructurales y esto se logra con una fuerte voluntad política.

M.C.: ¿Cómo se consigue voluntad política?

L.H.: Es muy importante la movilización de los familiares y de las organizaciones de la sociedad civil que los apoyan. Además, es clave que consigan empatía social a través de los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación, cuando son poco independientes o están muy ligados a los gobiernos de turno, suelen tildar de locos a los familiares. En el caso de las Abuelas de la Plaza de Mayo las llamaban ‘Las locas de Plaza de Mayo’, luego con la llegada de la democracia empezaron a ganar respeto y empatía social. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en lograr esa empatía social que luego se transforma en voluntad política. La voluntad política nace cuando hay presión política y social. Entonces, el rol de los familiares debe ser conseguir esa presión para que se transforme en voluntad política y eso a su vez permita los cambios estructurales que requiere la política de reparación integral de las Desapariciones Forzadas.

Desaparición- verdad, justicia y reparación en casos dedesaparición (1)M.C.: En el caso de los 43 de Ayotzinapa, los familiares se han visto enfrentados a prácticas no éticas en las que desde el Estado se les ha querido dividir, silenciarlos o hasta pagarles para que abandonen la búsqueda. ¿Qué se conoce en torno a este tipo de prácticas en otros países de América Latina?

L.H.: Es una práctica lamentable y de confirmarse delictiva. Si hubo funcionarios estatales que ordenaron o ejecutaron que se calle a los familiares de la víctima o a sus abogados debe haber una rendición de cuentas. En el caso de Ayotzinapa está comprobado que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron también víctimas de obstrucciones a sus comunicaciones. Ahí se cometieron varios delitos que hay que investigar. Si fueron cometidos por particulares son graves y si fueron cometidos por orden del Estado son gravísimos. Es necesario conocer a los responsables, o si no estos casos van a seguir sucediendo. Estos casos suceden en muchos lugares del mundo, pero algo positivo en este caso es que por lo menos nos pudimos enterar de lo que sucedía en México. Hostigamientos y distintas formas de persecución a familiares o a defensores de derechos humanos es un lugar común en la región y en muchos otros países del mundo. Por eso Naciones Unidas creó mecanismos en contra de estas situaciones, como las relatorías de defensores de derechos humanos que trabajan de manera coordinada con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Es un tema que nos preocupa mucho y que está íntimamente relacionado con la Desaparición Forzada. Es un delito que se podría definir como el ejercicio de poder ilegitimo del Estado de manera oculta. Estas presiones a familiares o a defensores de los derechos humanos es parte de la misma moneda, es la versión más autoritaria de los Estados, al punto de llegar al homicidio de muchos defensores de derechos humanos. Esto preocupa mucho en la región y debe llamar la atención de la sociedad y del Estado. Hacen falta medidas inmediatas y enérgicas.  Debe haber programas serios de protección a víctimas, testigos y de todos los que estén involucrados en la investigación. Sin embargo, lo que vemos, actualmente, son instituciones bastantes débiles, no se puede tener una investigación seria de Desaparición Forzada si no se tiene un programa serio de protección de testigos.

M.C.: ¿Cuándo y por cuánto tiempo un Estado puede declarar un caso con una restricción de acceso a su expediente, para los familiares, los abogados y los medios de comunicación?

L.H.: Lo que debe haber es la mayor transparencia posible. En todos los procesos penales la víctima debe tener amplio acceso a los expedientes en los que está involucrado y para ello hay normas internacionales que lo respaldan, están determinadas en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas de Desaparición Forzada y en la Declaración con el mismo nombre.  Existen normas de derecho internacional que exigen a los Estados informar a la víctima de lo que está sucediendo en la investigación. Tiene que ver con el derecho a la verdad y con el derecho a acceder a la información. En muchos países de América Latina existe la posibilidad de que la víctima sea parte activa del proceso, lo que se conoce tradicionalmente, como querellante. Yo soy un gran defensor de la participación activa de la víctima en el proceso. Sería bueno que los Estados brinden recursos o algún tipo de patrocinio, cuando los familiares no tienen la posibilidad de ser una parte activa en el proceso, de ver los expedientes, de proponer medidas de prueba y poder controlarlas. No hay ninguna razón valedera para negar el acceso a las informaciones. Puede haber simplemente pequeñas restricciones en un periodo corto, por ejemplo, cuando existe una medida de prueba que pueda ponerse en riesgo al ser conocida de manera pública. Estas restricciones tienen su justificativo en un periodo corto de tiempo. En todo caso se puede restringir la publicidad al público en general, pero no tiene sentido restringirlo a la víctima. ¿Qué ganaría la víctima con poner en peligro la investigación? El familiar es el primero en cuidar la eficacia de las medidas que se proponen encontrar al responsable de la desaparición de su ser querido.  Cuando uno ve restricciones al acceso de información a las víctimas no puede concluir otra cosa que la falta de voluntad para investigar. Lamentablemente, es una situación que se repite en la región.

M.C.: Uno de los casos de desaparición en Ecuador es el de David Romo que tiene una restricción que lleva más de dos años parte del Estado, a través de la Fiscalía. ¿Cómo se puede interpretar esta medida?

Desaparición- verdad, justicia y reparación en casos dedesaparición (2)L.H.: Ese es el ejemplo de lo que planteé hace un momento. Una restricción puede ser razonable si dura tres o cinco días, lo necesario para llevar una medida de prueba que pueda verse en peligro por ser conocida por personas ajenas a la investigación. De ninguna manera, se puede pensar en una restricción tan prolongada. Por lo que, lo único que se puede concluir de una restricción tan larga es la eventual falta de voluntad de las personas a cargo de la investigación. La manera más fácil de ocultar la inactividad y de no rendir cuentas sobre esa investigación es restringir la información sobre el caso.  Muchas veces, la restricción a la información puede estar relacionada con una connivencia del sistema judicial con los perpetradores de los desaparecidos y tiene que ver con una forma de ocultar las ineficacias de los sistemas. No es siempre falta de voluntad sino falta de capacidad o a veces una mezcla de ambas cosas.

M.C.: ¿Qué recomendación les hace a las organizaciones de víctimas, a los familiares, para que sean más fuertes, para que no caigan en prácticas que buscan dividirlas y evitar que se avance en verdad justicia y reparación?

L.H.: Las experiencias de distintos países han demostrado que, en términos de justicia y verdad, el éxito de los movimientos está ligado a la potencia que hayan tenido los familiares al pelear por la búsqueda de los desaparecidos. Claro, esto es pedirles mucho a las víctimas, que son personas golpeadas por la desaparición y la ausencia; que además afrontan problemas económicos y sociales muy fuertes. En muchos casos, la persona desaparecida era el sostén económico o moral de una familia y las personas que buscan dejan de trabajar y empiezan a sufrir una cantidad de contratiempos inimaginables. Las sociedades deben entender ese sufrimiento y los medios de comunicación difundir las historias. Además, se deben generar recursos para que las familias también puedan afrontar las búsquedas. Es muy importante que la cooperación internacional apoye a las víctimas para que puedan estar en condiciones de llevar adelante su lucha. Como decía, sin una lucha unificada e inteligente de los familiares es muy difícil conseguir la voluntad política necesaria para que los casos de desapariciones forzadas avancen. Se trata de delitos cometidos por el Estado o con connivencia del Estado entonces, la lucha debe ser más tenaz que la lucha contra cualquier otra forma de criminalidad y los desafíos son aún mayores.

Asimismo, hay mucho por hacer por parte de los Estados, por lo que se debe generar atención política para que pueda haber avances y si no se da una presión social fuerte, lamentablemente, las peleas contra las desapariciones forzadas tienden a desaparecer y las víctimas quedan en soledad. Yo recomiendo mantener la unidad y tratar de politizar, en el buen sentido de la palabra, el tema de los desaparecidos. Tiene que ser tema de la agenda pública. En las elecciones la gente debe preocuparse porque los candidatos propongan programas en contra de las desapariciones y por su parte los familiares deben tratar de lograr que sea un tema político, para que los representantes del pueblo deban rendir cuenta sobre lo que hagan o dejen de hacer.