«La República del Ecuador contra Sonia Nasamues» *

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Por Alexis Ponce

– ¿Nombres completos? Maura Sonia Nasamues Cuarán.
– ¿Nacionalidad? Colombiana.
– ¿Número de Cédula? 27.253.490.
– ¿Edad? 36 años.
– ¿Ocupación? Vendedora de dulces en Ipiales.
– ¿Instrucción? Primaria.
– ¿Domicilio? Barrio la Verbena, Ipiales-Nariño, Colombia.
– ¿Estado civil? Soltera.

Esos fueron los datos generales que policías y fiscales registraron en el caso de esta mujer, detenida en nuestra frontera por ‘mula’, es decir, por trasladar droga que un individuo le pidió llevar a cambio de cien dólares, sin decirle que se trataba de eso, sino de ‘una maleta’.

Lo que no anotaron ni averiguaron, por lo menos al momento de la detención, fue si esta mujer tenía una discapacidad intelectual y en qué porcentaje, si tenía hijos y cuántos, o cuál era el contexto social y humano de la caramelera, convertida en peligrosa traficante.

Luego de que el fiscal pidiera al juez que a Sonia se la someta a un examen médico-psiquiátrico, se pudo establecer que ella tiene una discapacidad intelectual, la cual puede llegar a ser severa, aunque muchas veces no sea visible, sobre todo si la mirada que la ve, es poco sensible.

Pero, además, Sonia padece una discapacidad física notoria: le falta la mayor parte de su brazo derecho y varios dedos de su mano izquierda, que perdió de niña cuando la atacó a mordiscos un porcino.

Sin embargo, policías y fiscales que la acusaron de transportar droga en un pesado saco de yute hallado en su maleta, no se preguntaron algo que Sherlock Holmes, aún con síndrome de abstinencia y todo [el mítico personaje era cocainómano], sí lo haría ante su célebre lugarteniente y el incompetente inspector Lestrade de la policía londinense de Scotland Yard:

“¿Cómo, mi querido Watson, una mujer sin un brazo y sin varios dedos en el otro, llevó hasta el autobús público una maleta que pesaba 9.545 gramos, es decir 21,04 libras, con un nada liviano saco de yute en su interior que contenía 3.208 gramos de benzoilmetilecgonina (el nombre científico de la cocaína); es decir 7,07 libras de cocaína, para ganarse unos dólares que nunca le fueron dados?”

Finalmente, en ese primer y supremo instante en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deciden el destino de un ser humano, nadie se preguntó si, además de su discapacidad intelectual y física, ella era cabeza de hogar, madre de tres hijos, todos de padres diferentes, o que a su cuidado también están sus dos abuelos, de 95 y 93 años de edad, y que también sostiene económicamente a su madre, en un contexto social de pobreza, marginación y ausencia de derechos.

Sonia fue encerrada en una celda y sentenciada a un año, seis meses y quince días de prisión, aunque cuatro meses después de hallarse detenida, la autoridad judicial decidió su libertad debido a la intervención de la Defensoría Pública que, bajo un enfoque de derechos y de respeto al debido proceso por sobre toda lógica jurídica punitiva antidrogas, argumentó la necesidad de que se respete la proporcionalidad de la pena, se reconozcan los inevitables efectos de su discapacidad intelectual y el que actuó bajo engaño todo el tiempo.

Pero, para llegar al día de su libertad, es necesario describir un resumen, de…

La cronología de un dolor

El bus número 13

El sábado 11 de octubre de 2014, a las 23h00, dos agentes de policía del Control Sur de Tulcán en la fronteriza provincia de Carchi, pararon un bus interprovincial de la Cooperativa ‘Velotax’ No. 13, en cuya bodega para el equipaje de los pasajeros, detectaron un saco negro de yute guardado dentro de una maleta, gracias a la experiencia policial en los usuales operativos antidrogas en esa ruta fronteriza. Pidieron que el dueño, o dueña, del costal baje del bus y les informe.

La envidia del Inspector Lestrade

Cuando Sonia bajó revisaron su equipaje, ‘detectando un excesivo grosor en la base de la maleta’, intuitiva conclusión que envidiaría el ya aludido inspector Lestrade de la obra holmesiana de Arthur Conan Dayle. En la declaración al juez los policías añadieron que “al hacerle una perforación brotó una sustancia blanquecina con características de estupefaciente, por lo que la detuvieron no sin antes darle lectura a sus derechos constitucionales”.

La impecable lógica de ‘la fijación de evidencias’

Tras avisar a Criminalística para que sus agentes realicen la fijación de evidencias, llevaron a Sonia a la Jefatura de Antinarcóticos y, en presencia del fiscal de turno y un abogado defensor de oficio, procedieron a realizar las pruebas preliminares de la sustancia usando reactivos químicos que dieron resultado positivo: era cocaína, en un peso bruto de 9.545 gramos y un peso neto de 3.208 gramos. Vale aclarar que el peso bruto es igual al peso neto del producto más el peso del envase; en este caso, el peso de la droga más la maleta.

Pero… ‘la ropa era de hombre’

Cuando el fiscal le preguntó a Sonia por la maleta, respondió con el candor de su discapacidad intelectual que era de ella; y ya en la Jefatura Antinarcóticos, indicó que le fue encargada por un señor amigo que le ofreció ganarse una plata.

La maleta, incluida como evidencia del delito, era muy pesada y no contenía nada de Sonia, sino ropa de hombre, lo que hubiera bastado para intentar ver más allá que el práctico inspector Lestrade, o sospechar que la mujer había sido víctima de un engaño y que, quizás, le fueron ‘sembradas’ siete libras de cocaína.

“Ella no es normal…”

El domingo 12 de octubre de 2014, un día después de la detención, dos policías acudieron a la casa de Gloria Cuarán Palacios, tía de Sonia, indicándole que su sobrina fue detenida por traficar droga y que acuda a la Jefatura de Antinarcóticos para dejarle el desayuno y una cobija. Al llegar Gloria al lugar le indicaron que ya no estaba ahí y uno de los policías le dijo ‘que se lleve la ropa de la sobrina’. Cuando la tía vio que se trataba únicamente de ropa de hombre, les aclaró: “La ropa no es de mi sobrina, ni de nadie de mi familia”. Y advirtiéndoles que no la llevaría, les explicó que Sonia “no es una persona normal, es enferma, no sabe qué hace y dice”.

Una digresión… por Ella

Debido a la falta de educación e información sostenidas, en Latinoamérica aún se cree que una persona con discapacidad intelectual es “alguien anormal, enfermo o enferma que no sabe lo que hace y dice”. Más aún: se les califica con términos discriminatorios y equivocados: “retrasados, minusválidos, retardados”, e -incluso- “idiotas” o “tarados”. La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador (25.09.2012) define que la persona con discapacidad es: “Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria…”. Finalmente, el Sistema Único de Calificación de Discapacidad en el Ecuador refiere estos tipos de discapacidades: física, visual, auditiva, del lenguaje, intelectual y psicológica.

Sonia y el COIP…

Con la eficaz frialdad del nuevo Código Orgánico Integral Penal en su mano, el fiscal de la causa tipificó el caso como acto delictivo, refiriendo el numeral 1 del Art. 220 del COIP que cita el delito y el literal c), que resume la sanción. Textualmente, el Código que Sonia ni siquiera imaginó que alguien se lo leyera, dice:

“Art. 220. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente: 1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: (…)  c) Alta escala, de cinco a siete años”.

‘El tremendo juez de la tremenda Corte…’

El 24 de noviembre de 2014, asumiendo la instrucción fiscal, el juez dictó auto de llamamiento a la etapa de juicio “en contra de Maura Sonia Nasamues Cuarán, en calidad de presunta autora por considerar que en su contra existen graves indicios y presunciones de responsabilidad…”

La navidad del defensor público

El navideño 24 de diciembre de 2014, se notificó al Defensor Público del Carchi, Miguel Ángel García, el siguiente ‘regalo’ legal que al defensor le habrá sentado pésimo en la nochebuena familiar: “Por cuanto en la tramitación de la presente acción penal se han observado todas las normas constitucionales y legales que rigen y garantizan el debido proceso inherente a esta clase de juicios, sin existir nulidad alguna que declarar, el proceso es válido”.

Y es que el Defensor Público Provincial asumió la defensa de Sonia ante una triple adversidad de un sistema judicial, fiscal y policial que, al tema ‘Drogas’, aborda en blanco y negro, como manda el COIP.

El terco defensor de Sonia

El defensor público reiteró siempre durante todo el proceso, la inocencia de Sonia, argumentando que se trata de un caso en que la mujer detenida es una persona con discapacidad intelectual, manipulada por gente inescrupulosa que aprovechó su condición para usarla con el fin de que traslade cocaína, desconociendo ella, en lo absoluto, el contenido de la maleta donde iba la droga y siendo su discapacidad intelectual impedimento crucial para comprender la ilicitud de su conducta.

La orfandad de la discapacidad

Sonia debió rendir su testimonio ante el fiscal y el juez; a ambos manifestó que un día llegó a su puesto de trabajo un amigo al que conocía hace un año, de nombre William, del que no sabe su apellido, pero que es de tez blanca y talla alta, quien le pidió que le lleve una maleta con ropa hasta Quito. Él cargó la maleta, pagó los pasajes de Ipiales a Tulcán y al llegar compró los pasajes para seguir el viaje a Quito. En ese momento Sonia fue detenida y ‘el señor William’ voló.

Testigos de tu risa…

El defensor público presentó varios testigos que, por separado, testimoniaron conocer a Sonia varios años y ser sus vecinos. Todos coincidieron en afirmar que es una persona muy pobre dedicada a vender dulces afuera del centro comercial ‘Estrella’ de Ipiales; que tiene tres hijos, es madre soltera, cabeza de familia, que están a su cargo sus dos abuelos, de 95 y 93 años de edad, que ella sostiene económicamente a su madre, que le falta un brazo y varios dedos. Sobre su condición de discapacidad, refirieron que en varias oportunidades la han observado riéndose sola, que no está bien de sus cinco sentidos, que no es una persona normal y que por momentos no se siente bien, es decir que se deprime.

Génesis del drama

Gloria Elvira, su hermana, relató que a los 8 años Sonia se fue a trabajar como empleada doméstica en Quito y volvió a los 18 con una niña de 9 meses de edad, dedicándose desde entonces a vender dulces. Luego tuvo dos hijos más, siendo madre soltera como su madre y viviendo las dos juntas en precaria situación. “A veces se pone a gritar sola y a veces se va sin avisar”, concluyó.

Aura Elisa, madre de Sonia, refirió que ella hace los confites mientras su hija sale a venderlos fuera del centro comercial que no le cobra por ocupar el puesto debido a la discapacidad. Relató que Sonia perdió el brazo un día en que la dejó muy niña con sus dos hermanos pequeños mientras iba a trabajar. Un puerco se soltó, le arrancó el brazo y se lo comió, una vecina le avisó y en el hospital le cortaron la parte afectada. “Mi hija es rara, no entiende, por ratos no está bien de la cabeza”.

Documentando su invisible biografía

El defensor público pidió que en el proceso se incluyan como pruebas a favor de Sonia muchos documentos: Certificado del Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, informando su ejemplar conducta; partida de nacimiento; tarjeta de identidad de sus hijos menores de edad: Carolina y Andrés; carnet de discapacidad; certificados de la alcaldía de Ipiales y el  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN, de Colombia, acreditando su grado de pobreza y vulnerabilidad; firmas de respaldo de los vecinos y un oficio del presidente de “VELOTAX Norte”; documentos que, con la excepción del primer certificado, la partida de nacimiento y tarjeta de identidad, fueron objetados alegando que no se daba cumplimiento al ‘principio de inmediación’ (“aquel que ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa”, Mauricio Decap F., “El juicio oral y los principios de inmediación y contradicción”, pág.69, Revista del Instituto de la Judicatura Federal de México).

El médico confirma su discapacidad intelectual

El informe del siquiatra con 32 años de experiencia que intervino como perito, fue crucial: usó un lenguaje especial-coloquial para hacerle comprender, notando desde el inicio su dificultad para captar las ideas, la demora en entender y que era necesario determinar su capacidad de discernimiento entre lo bueno de lo malo.

La ausencia de discernimiento

Sonia, según el siquiatra, no tiene capacidad de discernimiento, por eso no tuvo la iniciativa de pedir más explicación sobre la maleta que le fue entregada. Citó que cualquier otra persona a la que ofrecen dinero sin tener que hacer prácticamente casi nada, solo llevar una maleta, lo primero que se le viene a la mente es qué va a llevar y qué riesgos corre con el acto que va a ejecutar y sus consecuencias.

El médico adicionó que Sonia solamente miró la posibilidad de obtener un ingreso extra para subsistir y aceptó la oferta sin pensar en absoluto lo que estaba haciendo. Su trastorno mental deficitario de tipo intelectual deriva en su disminuida capacidad de comprender la ilicitud del hecho; es decir, no entendió nunca lo que estaba sucediendo.

“Tiene la razón, doctor, pero ella va presa”

Concluida la fase probatoria, el delegado fiscal alegó que era una inconducta que violenta el COIP “por haber encontrado en delito flagrante a la procesada transportando una sustancia que luego de la experticia química dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína”. La culpabilidad de Sonia se asentó por igual en los testimonios de los tres policías que repitieron lo que ya sabemos, razón por la que, al final de cuentas, se argumentó esta perla: ‘El testimonio de la procesada no concuerda con la realidad de los hechos, pretende eludir su responsabilidad arguyendo que la maleta le corresponde a una tercera persona, lo que legalmente no se ha justificado’.

Y para rematar, del informe médico pericial se dijo que, aunque la acusada padezca trastorno cognitivo y pueda ser sujeta a manipulaciones, dentro del proceso no justificó la existencia de la supuesta persona que la manipuló, “por lo que la Fiscalía acusa a la señora Maura Sonia Nasamues Cuarán de ser la autora del delito Art. 220 numeral 1 literal c) del COIP, solicitando se declare su culpabilidad”.

Mientras más injusticias, señor fiscal…

Al constatar el peligro de que Sonia fuese sentenciada omitiéndose el resultado del informe pericial médico, la discapacidad intelectual, la vulnerabilidad humana y los contextos de una víctima de la sociedad convertida en peligrosa micro-traficante, el defensor público sostuvo que se iba a juzgar a una persona que padece de un trastorno cognitivo leve que, según el perito, antes se llamaba ‘retardo mental’. Y desafió la razón del poder con el poder de la razón: “Se habla que no se identificó a la persona que engañó a mi defendida, pero esa es una labor que debía cumplir la policía”.

Argumentó que el trastorno mental es causa de inculpabilidad según los Art. 35 y 36 del COIP, pues ella no sabía la ilicitud de su conducta, por lo que pidió confirmar su inocencia. (Art. 35: “No existe responsabilidad penal en caso de trastorno mental comprobado”. Art.36: “La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable”).

Más fuerzas tiene mi alma, para cantar” (Violeta Parra)

Ante el vertebrado discurso del defensor, la fiscalía adujo que no se podía ser indiferente a una experticia técnica pericial. Por lo tanto, solicitaba aplicarse el mismo Art. 36 del COIP, pero su inciso segundo, que atenúa la pena por capacidad disminuida de comprender la ilicitud de su conducta. El defensor público refutó que no podía admitirse la ‘pena disminuida’ porque el peritaje médico dejó clara la inocencia de Sonia.

El fundamento invisible: La guerra antidroga

Tras considerar que se justificó ‘conforme a derecho’ la existencia de infracción y destacar los testimonios de los policías que participaron en la detención de la procesada, la autoridad judicial del caso argumentó que la defensa no pudo justificar legalmente la existencia del individuo que encargó la maleta donde camufló el estupefaciente, valoró el testimonio del perito acreditado por el Consejo de la Judicatura y, como la acusada tiene un trastorno cognitivo que la limita, consideró que le era aplicable el inciso segundo del Art. 36 del COIP, que dice: “La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, tendrá responsabilidad penal atenuada (…)”.

Desproporcionalidad a la carta

En el impecable e implacable lenguaje jurídico, Sonia fue declarada culpable, sin que, en ningún momento, en la triple discursiva judicial, fiscal y policial, se aludiera a la normatividad jurídica en materia de Discapacidad, tanto en Ecuador como en la legislación internacional. La Constitución de la República, la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento, la Convención de la ONU sobre Discapacidades y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, no fueron aludidas. Pero dejemos que el mismo lenguaje judicial y su contenido punitivo, delaten ‘el surrealismo del castigo’ que Foucault desnudara tan bien en el siglo XX:

“(…) Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república, con fundamento jurídico establecido en los Arts. 621 y siguientes  del Código Orgánico Integral Penal, declara la culpabilidad de la ciudadana Maura  Sonia Nasamues Curán, de nacionalidad colombiana (…), en calidad de autora directa del delito establecido en el Art. 220 numeral 1 literal c) del COIP, (…) imponiéndole la pena de un año seis meses quince dias de privación de libertad, debiéndose descontar el tiempo que haya permanecido detenida por esta misma causa; pena que la  cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. (…)  Se le impone la multa de 12 salarios básicos unificados del trabajador en general, que será cancelada de conformidad con la ley. (…). Hágase conocer la resolución al Director del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Notifíquese».

La Defensoría Pública, esa necia…

Como era obvio, el Defensor Público Provincial apeló. Y entonces, el proceso subió a conocimiento de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, que se declaró -perdón por la redundancia- competente para conocer la causa. En la audiencia, el defensor en su condición de abogado patrocinador de Sonia, expresó su desacuerdo con la sentencia dictada, repitiendo los argumentos sostenidos desde octubre de 2014 y pidiendo que se revoque la sentencia dictada, para que se declare inocente a la mujer con discapacidad intelectual y física.

Una exquisita insensibilidad

El delegado fiscal se opuso citando que el aplicado Art. 36 inciso 2do., era correcto, ya que “se trata de un caso en que la procesada presenta un trastorno psicológico leve y por tanto la pena ya fue atenuada”. Y, aunque la apreciación diagnóstica también concluía que Sonia tenía trastorno depresivo mayor moderado y trastorno general de ansiedad a consecuencia de lo que estaba atravesando, se remató que la detenida estaba tranquila y agradecida con el sistema penitenciario, pues recibe comida que le gustaría compartir con sus hijos.

Es decir, que no solamente las justificaciones continuaron inmutables para legitimar la disciplina social que exige la guerra antidroga, así la acusada sea una mujer con discapacidad intelectual y sin posibilidad de discernimiento. Sino que se reincidió en el desconocimiento sociológico del contexto y la insensibilidad analítica, pues como argumento favorable al sistema punitivo se aludió que ella estaba agradecida con el sistema penitenciario ecuatoriano “porque aquí le dan comida y le gustaría compartir con sus hijos”. Si esa fuese la lógica, solo faltó sugerir el traslado de sus vástagos a la cárcel de Tulcán para que coman y comprueben la solidaridad penitenciaria de la Patria.

Sonia es declarada inocente

La Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, alegando la Constitución y el COIP argumentó que ’no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades’ y ’el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable’.

Transcribiendo principios fundacionales de los derechos humanos, aunque no la moderna legislación sobre discapacidades, sostuvo: “El beneficio de la duda es un principio derivado de la presunción de inocencia establecida en la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano aprobada el 26 de agosto de 1789, como uno de los derechos fundamentales que define los derechos personales y colectivos como universales”.

Como la felicidad nunca es completa, se citó que “(…) la confirmación de su inocencia por el beneficio de la duda no implica afirmar que la persona procesada no es autora del hecho por el cual se la procesa, sino que por la debilidad de las pruebas existentes no es posible declarar su culpabilidad”. De todas maneras, se acogió el recurso de apelación interpuesto por el terco defensor público, se revocó la sentencia previa y se ratificó la inocencia de Maura Sonia Nasamues Cuarán, ordenando su inmediata libertad. Los jueces provinciales integrantes de esta Sala cumplieron su deber.

Lo esencial es invisible a los ojos”, Antoine de Saint Exupéry

Continúa como asignatura pendiente en el Ecuador, lo que cita el Art. 13 – ‘Acceso a la Justicia’-, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su numeral 2 señala: “A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

La discapacidad, el género, la nacionalidad, la llamada ‘cero tolerancia’ al micro-tráfico en Ecuador y la desproporcionalidad de la pena, son ejes transversales que, de manera invisible, atraviesan este caso.

Hay complejas dimensiones que cruzan la subterránea realidad del dramático caso judicial descrito. Y son invisibles narrativas, precisamente, porque a la hora de condenar a Sonia, no fueron puestas en evidencia, ni siquiera era necesario nombrarlas, porque son prescindibles: a) Ser un ser humano con discapacidad física y, sobre todo, intelectual; b) Ser una mujer, madre soltera, pobre y excluida toda su vida; c) Ser colombiana en la frontera que más operativos antidrogas ejecuta.

En su Informe Técnico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas, preparado por la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, se reflexiona así lo que sucede en el continente que resultó el más aplicado alumno de la guerra antidroga:

Es urgente revisar las políticas punitivas de manera que los delitos de bajo nivel o no violentos, cometidos por mujeres u hombres, no se penalicen con cárcel. Es necesaria la proporcionalidad de la pena. Los sistemas de justicia penal deben tener en cuenta atenuantes como, por ejemplo, mujeres que cuidan hijas e hijos menores de edad, personas mayores y embarazadas. A la par, es necesario implementar medidas alternativas a la prisión, que ya sabemos que son respuestas menos costosas y dañinas, y más efectivas para enfrentar los delitos de drogas”.

La espantosa duda

Si el defensor público, el psiquiatra-perito y los jueces sostuvieron que tu discapacidad intelectual te impedía la facultad del discernimiento; si tu hermana relató en el proceso que tú, siendo una niña de ocho años, saliste de Ipiales a Quito para trabajar en el empleo doméstico, y que volviste una década más tarde, de dieciocho años, con una bebé de meses entre el brazo mutilado y el brazo sin deditos, cuánta tinta en el tintero aún nos queda, para concluir un día tu historia inconclusa, Sonia.

Y para absolver, tal vez, o nunca, la gran pregunta que, por tu discapacidad intelectual, no ha dejado de devorarme el pensamiento, como a tu brazo el jabalí domesticado: ¿Habría tu consentimiento a las relaciones sexuales que trajeron como resultado tres hijos al mundo; o, ¿habrás sido, quizás, abusada sexualmente?

La duda es la espantosa manera de dejarme insomne. Y no habrá brazo que pueda acunar tanto silencio.

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista Defensa y Justicia, de la Defensoría Pública del Ecuador, con el título Caso emblemático: «La República del Ecuador contra Sonia Nasamues».

Fotografía tomada del vídeo de la Defensoría Pública del Ecuador.

19 comentarios sobre “«La República del Ecuador contra Sonia Nasamues» *

  1. El caso de Sonia, es uno de los tantos casos que existen en el mundo sobre la discriminación e ignorancia de las autoridades frente a situaciones que son evidentes, pero que solo buscan tener un culpable, sea el que fuese.
    Es muy sorprendente que después de tantas pruebas, estudios, análisis del caso de Sonia, las autoridades decidan retenerla en custodia y tratarla como culpable de algo que no hizo; fue víctima de un engaño de gente malvada sin corazón, pues hacerle eso a una persona tan humilde es un cargo a la moral y a la ética de la persona misma.
    Se habla de Derechos Humanos, pero porqué la justicia está tan lejos de ser una realidad para todos en la sociedad; este caso es una lección para toda la sociedad, pues debemos aprender a juzgar, con argumentos y pruebas concretas; solo así la palabra debe tener valor.

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  2. Lo que le sucedió a Sonia es muy injusto ya que existen muchos individuos que se aprovechan y abusan de la inocencia de personas que tienen alguna discapacidad para realizar actos ilícitos, en este caso Sonia no tenía ni idea de lo que llevaba, por otro lado, me parece mal que las autoridades no hayan tomado en cuenta el estado de Sonia, a pesar que se comprobó medicamente que ella si tenía una discapacidad. Este es un caso más en donde se puede evidenciar la falta de una justicia efectiva y verdadera, que aún se atenta contra los Derechos Humanos, además el Estado debería apoyar a las personas como Sonia que son más vulnerables para así brindarles protección y seguridad.

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  3. Gabriel Játiva Moretón
    Optativa Grupo 511
    Docente Nelly Valbuena

    Es notable la agresión presentada contra Sonia Nasamues, ya que ni si quiera se indagó en la condición de esta señora, la ineptitud de las autoridades y la toma de decisiones tan apresuradas y sin prestar las investigaciones pertinentes, hacen ver que por el mismo hecho de que todos los involucrados en el caso son hombres, y que al ser mujer la acusada, se le realice el proceso como si la señora no tuviera derechos. Lastimosamente cuando a mujeres se las involucra en temas judiciales o fiscales, las autoridades no toman con rectitud y ética el tema, se reproduce de manera notable la herencia patriarcal que se maneja y genera desigualdad, esto se vuelve tan irónico cuando el mandato afirma que «Ante la ley todos somos iguales».

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  4. Este caso el cual nos lleva a pensar porque los derechos de las personas no son respetados más aun con una mujer que padece de una grave enfermedad psiquiátrica, también le falta parte de su brazo derecho y varios dedos de su mano izquierda. Sonia Nasamues comete un delito del cual ella no estaba enterada por su enfermedad debido a que un hombre le dijo que llevara un saco de yute blanco, en el cual llevaba droga los policías encuentran este saco y la proceden a arrestar ni siquiera les importo indagar si la mujer tenía alguna enfardad ya que se preocuparon más por lo que llevaba, ella era la cabeza de su hogar ya que cuidaba a su tres hijos, esto nos hace caer en cuenta como esta humanidad ni siquiera le importa las condiciones sociales de una persona el haber cometido un grave error de mandar a una mujer ,en esas condiciones a la cárcel nos hace pensar que la sociedad va en muy mal camino, esta en nosotros cambiar el rumbo para que la personas miremos un lado más comprensible y respetemos los derechos humanos.

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  5. Resulta increíble pensar como a nivel judicial nuestro país continúa reproduciendo una justicia tan inequitativa y precaria a la hora de dictar sentencias. Pero más increíble aún resulta el imaginar cómo logran disfrazar lo injusto y lograr hacer que parezca justo.
    La principal interrogante de muchas que se me vienen a la cabeza es ¿cómo habiendo pruebas necesarias para probar la inocencia de Sonia las autoridades necias continuaban condenándola?, y en un intento posiblemente equivoco por responder mi pregunta deduzco que: la falta de ética y profesionalismo por parte de las autoridades junto con la falta de credibilidad son los causantes de las injusticias que a diario se viven en el país.

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  6. Podemos decir que el contexto de lo que le paso a esta mujer es la marginación y la gran ausencia de derechos que esta sociedad carece, ella al cometer un delito el cual era llevar droga en un saco de yute del cual no tenía ninguna idea porque la mujer padece de una enfermedad psiquiátrica, ella además tenía sola parte de su brazo derecho y algunos dedos de su mano izquierda, era quien cuidaba a sus tres hijos, la policía cometió una grave error al nos saber que ella tenía una enfermedad muy grave porque al momento de capturarla la metieron directamente a la cárcel, se rompió todo derecho humano que ella tenía, así sabemos que en el mundo en que vivimos somos sujetos a cualquier tipo de injusticia, pero esto lo podemos cambiar al poner de nosotros mismos un poco más de conciencia y con esto lograremos tener derechos iguales para todos.

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  7. Sonia Nasamues Cuarán fue víctima de engaño, conspiración y violación de sus Derechos Humanos, este es uno de los muchos casos en donde policías y fiscales no aplican ni cumplen las respectivas normativas y juzgan por su propia mano sin antes conocer e investigar profundamente el hecho y las circunstancias en las cuales está inmersa Sonia. ¿Es necesario que pasen varios meses para que se hagan valer los derechos de un ser humano?
    Sonia trabaja y lucha día a día junto con su madre para tener ingresos económicos, y al estar tanto tiempo encerrada en la cárcel tuvo una gran pérdida ya que solo ella es la que vela por toda su familia. Afortunadamente aún hay personas como el Defensor Público Provincial que se hizo cargo del caso, para hacer justicia y develar la deshumanización que coexiste por parte del cuerpo policial y judicial. Al final el caso no quedo impune, pero no por ello debemos dejar que se continúe vulnerando nuestros derechos.

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  8. Sonia padeció uno de muchos casos de injusticia, que personas especialmente de bajos recursos, vivencian a diario. Lo cual es contradictorio en un mundo que aparentemente busca fortalecer sistemas, como por ejemplo el Sistema Judicial, para el respeto de los Derechos Humanos, derechos que en casos como éste, se ven violentados a través de autoridades que por negligencia y abuso de poder, carencia de conocimientos y de sentimientos irónicamente promueven “justicia”.
    Detrás de todo esto, podemos evidenciar que hay grandes problemas de fondo, uno de los principales es la falta de humanidad con la que se manejan muchos funcionarios públicos con excepciones como el Defensor Público, cuya labor es loable, dado que fue el único que en realidad estaba defendiendo los derechos de Sonia, la falta de atención a los derechos de personas con capacidades especiales (no personas anormales como erróneamente a veces las denominan), la indiferencia ante los problemas de la vida de la mujer, la pobreza, entre otros, que desembocan en una sociedad de injusticia.
    Es deber de todos trabajar por el respeto de los derechos que merecemos y necesitamos para que situaciones lamentables como ésta, no se repitan, para dejar de mutilar a personas que ya han sido mutiladas por la vida en diferentes ámbitos y para que algún día podamos afirmar con palabras y acciones, que en verdad vivimos en un mundo de seres HUMANOS.

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  9. Me parece indigente que las autoridades procedan de esa manera, sin tomaran en cuenta los criterios que se debe tomar para realizar un proceso en cuanto trafico de sustancias ilícitas. Lastimosamente los atropellos que se suscitaron en Sonia muestran la mugre de cierta parte de la sociedad que utiliza a personas con discapacidad intelectual o otras y de escasos recurso a realizar estas actividades, abusando de la condición de las mismas. Dado el caso creo que es demasiado triste saber que el sistema judicial y penal que se maneja en el Ecuador reproduce esa figura patriarcal en casi todos los casos, cuando las mujeres son las involucradas. Es indignante que a una persona con discapacidades tanto físicas como intelectuales, no se le haga un estudio pertinente sobre su situación, para así proceder a una finalidad. Todo esto se vuele irónico, primero porque todas las autoridades implicadas en la «resolución» del caso son hombres, pero mucho mas aun, cuandoen esta sociedad se maneja la concepción de que «ante la ley todos somos iguales».

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  10. Podemos ver que Sonia perdió el brazo un día en que la dejó muy niña con sus dos hermanos pequeños mientras iba a trabajar, pero la falta de interés por ¿Cómo pasó, y quien le hizo daño? Además de no saber quiénes son los padres de sus hijos, por ello la garantía del derecho a la información, que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce a todas las jóvenes, mujeres víctimas de esta lacra social, no sólo es necesaria para su protección integral, sino que es el presupuesto básico para hacer realidad sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
    El pleno ejercicio de los mismos no es posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma ejercitarlos, es necesaria la efectividad de los derechos en estos casos.
    Pues esta necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de género, para quienes es esencial conocer las medidas que pueden adoptarse en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral a los que pueden acceder. Ésta es la finalidad de la presente publicación.

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  11. Sonia Nasamues Cuarán fue víctima de engaño, conspiración y violación de sus Derechos Humanos, este es uno de los muchos casos en donde policías y fiscales no aplican ni cumplen las respectivas normativas y juzgan por su propia mano sin antes conocer e investigar profundamente el hecho y las circunstancias en las cuales está inmersa Sonia. ¿Es necesario que pasen varios meses para que se hagan valer los derechos de un ser humano?
    Sonia trabaja y lucha día a día junto con su madre para tener ingresos económicos, y al estar tanto tiempo encerrada en la cárcel tuvo una gran pérdida ya que solo ella es la que vela por toda su familia. Afortunadamente aún hay personas como el Defensor Público Provincial que se hizo cargo del caso, para hacer justicia y develar la deshumanización que coexiste por parte del cuerpo policial y judicial. Al final el caso no quedo impune, pero no por ello debemos dejar que se continúe vulnerando nuestros derechos.

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  12. Siempre ha habido fallas y deficiencia en el sistema jurídico de nuestro país, el caso de Sonia es muy lamentable, pero sobre todo da mucho que pensar el sobre el cómo se deben tomar medidas e investigaciones por parte de las autoridades dedicadas a castigar delitos como en el presente caso el tráfico de drogas. Es inevitable pensar que las decisiones que llevaron a esta mujer a pasar tiempo en prisión, fueron producto de una mala investigación policial y aún peor una mala administración de la justicia, sino que tuvieron que ver muchos otros factores como el hecho de que el implicada fuese una mujer, que sea colombiana, como bien sabemos nuestro país es muy intolerante cuando se habla de estos temas, como bien en el artículo se evidencia la forma despectiva con la cual se referían a Sonia en todo el proceso legal por el hecho de tener capacidades diferentes. Entonces, ¿hay verdadera justicia en nuestro país? ¿Se realizan investigaciones pertinentes antes de declarar culpables? Sin duda algo que cabe preguntarse.

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  13. Siempre ha habido fallas y deficiencia en el sistema jurídico de nuestro país, el caso de Sonia es muy lamentable, pero sobre todo da mucho que pensar el sobre el cómo se deben tomar medidas e investigaciones por parte de las autoridades dedicadas a castigar delitos como en el presente caso el tráfico de drogas. Es inevitable pensar que las decisiones que llevaron a esta mujer a pasar tiempo en prisión, fueron producto de una mala investigación policial y aún peor una mala administración de la justicia, sino que tuvieron que ver muchos otros factores como el hecho de que el implicada fuese una mujer, que sea colombiana, como bien sabemos nuestro país es muy intolerante cuando se habla de estos temas, como bien en el artículo se evidencia la forma despectiva con la cual se referían a Sonia en todo el proceso legal por el hecho de tener capacidades diferentes. Entonces, ¿hay verdadera justicia en nuestro país? ¿Se realizan investigaciones pertinentes antes de declarar culpables? Sin duda algo que cabe preguntarse.’

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  14. Nuestro país presume de un desarrollo en diferentes ámbitos, sin embargo a través del caso de Sonia Nasamues nos podemos dar cuenta que el sistema judicial no ha tenido el gran desarrollo esperado, ya que no cuenta con la eficiencia que se espera para resolver casos como este, donde talvez el único error de Sonia fue querer un ingreso extra para ayudar a su familia.

    Es tanta la ineficiencia del sistema judicial, que fácilmente prefiere señalar a una persona culpable y enviarla a la cárcel, que darse el trabajo de realizar una investigación profunda para verificar los hechos. Los cuales debían empezar a indagar antes de presentar a Sonia como la “autora directa del delito”, acusación absurda tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentra. Por un lado está la discapacidad que tiene por su brazo derecho y por otro lado y como las declaraciones de sus familiares lo muestran, ella tiene una discapacidad cognitiva, a la cual se debía dar consideración antes de ser sometida al trato prestado.

    Si bien es cierto en la constitución constan artículos que velan por el bienestar de las personas con algún tipo de discapacidad, pero en este caso vemos que con Sonia estos se dejaron de lado, tomando a la ligera todas las pruebas que comprobaban la discapacidad que ella tiene, donde también se mostraba que llevar la maleta con droga, aparte de ser con engaños ella no puede diferenciar lo bueno y lo malo debido a su condición, situación que con necedad las autoridades no querían entender.

    Gracias a la ayuda del defensor público que no se dio por vencido, Sonia está libre. Pero no sabemos cuántos casos más como el de Sonia se han presentado y que por la ineficiencia del sistema judicial no se ha podido comprobar la inocencia de los afectados.

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  15. Existe un número extenso de casos similares al de Sonia Nasamues, no solo por la falta de justicia que se efectúa alrededor del país, sino el hecho ineludible de violar de forma invisibilizada los derechos humanos. Es importante destacar, que cuando exista un verdadero conocimiento de estos derechos, un establecimiento claro de los mismos, y una imposición sin riesgo a una modificación interesada, existirán entonces cambios reales; no solo en la justicia sino en todos los ámbitos de un país. Mientras pongamos la dignidad, bienestar y vida de una persona por debajo de cualquier norma “coherente”, estaremos atados a un sistema corrupto, ilegal e injusto, de este principio tan “moral”, llamado justicia.

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  16. El caso de Sonia así como el de muchos más pasan a diario en todas partes del mundo, es triste saber que vivimos en un mundo sin democracia y una vez más la justicia actúa por su propia cuenta sin pensar en los daños que ocasiona y ¿dónde quedan los derechos humanos de Sonia? Ya que no se averiguaron ni siquiera antecedentes de la discapacidad que padece Sonia y así mismo podemos constatar una vez más en el sistema tan corrupto al que estamos expuestos; tan inequitativo y excluyente
    Tampoco no se tomó en cuenta los escasos recursos de Sonia ya que lo único que importa fue cerrar un caso más por evidencia de droga para los judiciales, quedando como ¨héroes¨.
    Es por ello que hay que lograr generar conciencia social lograr, ese cambio que se busca a partir de la construcción de sentido y utilizando la comunicación como medio de desarrollo global. Es triste saber en qué mundo vivimos pero sin embargo debemos plantar nuestra semilla día a día para qué se reduzcan casos como estos.

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  17. El caso de Sonia es uno de los tantos casos indignantes que nos demuestra cuán vulnerables estamos ante el sistema judicial, el cual no brinda las garantías penales adecuadas.
    Si bien todas las pruebas apuntaban a que Sonia no tenía conocimiento de lo que estaba transportando debido a su discapacidad tanto física como intelectual, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, termino siendo su carta de sentencia ya que en dicho código es su numeral 1 del Art. 220, indica que la persona que directa o indirectamente sin autorización, oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: (…) c) Alta escala, de cinco a siete años”.
    Ante esto los derecho de Sonia quedaron totalmente vulnerados por parte del Estado, ya que nunca se inició una indagación exhaustiva para determinar a los verdadero responsables, es así que una vez más queda al descubierto que personas en la condición económica de Sonia no pueden contar con verdaderas garantías penales, quedando sometidos a la voluntad de un sistema perverso.
    Por ello se debe exigir que todos los casos sean tratados con total trasparencia y sobre todo deben ser objetivos e integrales.

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  18. MAYRA TATIANA GARCÍA OBACO: Desde el año 2007 la comunicación ha tomado un rumbo distinto donde se conoce y reconoce que existen NUEVAS REALIDADES y necesidades que son objeto y sujeto de trabajo, es decir que no solo se recupera el desarrollo humano sino que también se intenta trabajar por el entorno o naturaleza. Actualmente la comunicación va inclinada hacia el desarrollo humano, ya que se lo considera al individuo como protagonista de su desarrollo, en este caso lo que se puede observar dentro de este caso es que muchas de las veces el no conociemiento de las cosas y circunstancias por ls que atrviesa una persona se la puede llegar a discriminar, juzgar, maltratar y acusar, tal es este caso donde tambien la negligencia por parte de algunos policias se hace presente.
    La pregunta es ¿Dónde esta el desarrollo humano? Muchas de las veces esto queda como un discurso en el aire y no nos damos cuenta como seres humanos que esto implica promover una institucionalidad democrática en la que los derechos humanos sean ejes rectores y se pueda abogar por una perspectiva participativa donde todos puedan elegir bajo cualquier tipo de contexto. No hay que dejar de lado que si pretendemos que el camino de la comunicación hacia el desarrollo humano continúe, no hay que dejar de lado la equidad, participación, seguridad, gobernabilidad y sustentabilidad de cada uno de los elementos e individuos que conforman una sociedad.

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