Es completamente comprensible que el gobierno de Venezuela se indigne con el fenómeno paramilitar colombiano y las diversas bandas criminales en su territorio. Esto lo podemos comprender, pero lo que no es posible entender es la forma como está enfrentando el problema y la crisis humanitaria que generó la medida de Estado de Excepción en la frontera. 

Por Nelly Valbuena 

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Ahora tenemos a centenares de familias fragmentadas por las deportaciones que buscan reunificarse. Madres colombianas que se desplazaron con sus hijos y padres venezolanos, o viceversa, que no saben cómo llegar a los albergues para reencontrarse.

Hombres y mujeres que retornan a Colombia, obligados por la medida, vienen con el sello de “paramilitares” lo que hace que el estigma contra lo colombiano crezca. Una irresponsabilidad que no tiene nombre. Un éxodo tan doloroso y revictimizante como el desplazamiento interno o el refugio que muchas de estas personas ya vivieron debido al conflicto interno armado.

El gobierno de Juan Manuel Santos busca denunciar en esta semana, ante la OEA y la Unasur, las violaciones a los derechos humanos que vivieron quienes tuvieron que salir de la zona del Táchira y ahora están en albergues en Cúcuta. Me pregunto ¿qué dirá la UNASUR?

Presidente Nicolás Maduro: persiga a los paramilitares y a las bandas criminales, hágalos pagar a los responsables, pero no a costa de la población civil. 

Estoy segura que existen muchas formas para defender y proteger a la zona del Táchira de los impactos de las violencias que el conflicto armado colombiano generó, en esta parte del territorio venezolano, pero siempre respetando los derechos de las personas más vulnerables.

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Fotografias tomadas de El espectador

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