Las barreras en el acceso a la justicia de las mujeres y la impunidad en el Ecuador tienen que ver con la existencia de prácticas socioculturales que persisten y que hoy se validan desde las políticas públicas recientes. ‘Mujeres contando en voz alta’ conversó con Sonia García Alvarado,  abogada y máster en Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Suecia, doctora en Jurisprudencia e integrante del Observatorio de Derechos de las Mujeres del Centro de Planificación de Estudios Sociales, CEPLAES. La plática fue el 16 de octubre, seis días después de aprobados los tres primeros libros del Código Penal en la Asamblea Nacional Legislativa, que tipificó el femicidio, pero no aprobó el aborto en casos de violencia sexual.

Por Nelly Valbuena Bedoya

Captura de pantalla 2016-08-07 a las 1.34.13 p.m. El Observatorio de Derechos de las Mujeres está conformado por un grupo de organizaciones no gubernamentales ecuatorianas, entre ellas CEPLAES, que vienen denunciando la violencia contra las mujeres y ofreciendo apoyo a las víctimas, como es el caso de la Corporación ‘Mujer a Mujer’ de Cuenca. También hacen parte de este grupo, organizaciones de las provincias de Esmeraldas, Loja, El Loro e Imbabura. “Hacemos observancia y vigilancia a casos de delitos sexuales para mirar cómo éstos se llevan a la práctica, y más allá de las investigaciones cuantitativas, saber cuáles son las causas de la impunidad”, afirma Sonia García.

En Ecuador tan sólo el 2% de los delitos sexuales que son denunciados llegan a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Los demás casos se quedan en el camino y la mayoría de las víctimas desisten.

Esta situación ocurre porque “a pesar de que es un tema que debería investigarse de oficio por parte de los fiscales, en la práctica no lo hacen, o desestiman fácilmente”. Por eso, uno de los propósitos de este grupo de organizaciones sociales, es observar los juicios  y la trayectoria de los casos para informar permanentemente a las autoridades de justicia: Fiscalía, Corte Nacional, Sistema Judicial y, desde luego, a las mujeres para que sepan  a qué obstáculos se enfrentan una vez que se deciden a denunciar.

Las barreras que las víctimas enfrentan desde el inicio son de todo tipo, por eso para estas organizaciones es importante reconocer que decir: ‘Mujer no calles, denuncia’ es el primer paso, pero en el camino se encuentran con que el Sistema Judicial ecuatoriano y la sociedad en general les ponen un sin número de obstáculos, que impiden  que se haga justicia y, por lo tanto, las víctimas entren en procesos de continua re-victimización.

¿Qué pasa con los mecanismos legales?

La Constitución ecuatoriana es reconocida como una de las más avanzadas de América Latina y, producto de ella, se logró tener un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy, seis años después de su implementación, es posible identificar algunos logros, pero también reconocer que aún hace falta mucho por hacer. “Podemos decir que es un país de avanzada a nivel formal, las leyes son de avanzada pero la práctica y la realidad muestran niveles muy bajos de implementación de aquello que está escrito en las leyes”.

Lo que realmente resulta paradójico es que los postulados de la Constitución sean amplios, progresistas y que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres y un trato especial para las víctimas, a través de servicios especiales; “no obstante, las leyes secundarias y hoy mismo el Código Penal muestran limitaciones. Las leyes secundarias van restringiendo esos postulados constitucionales y desde ahí el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia ha ido bajando sus niveles de implementación”, afirma con preocupación, esta abogada que conoce de cerca los periplos tortuosos, que debe pasar una víctima de violencia sexual en el Ecuador.

Captura de pantalla 2016-08-07 a las 1.34.03 p.m.

Lo que es claro y que lo reconocen las mujeres y organizaciones es que el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia nació con mucha fuerza, tanto así que previó cuatro ejes que buscaban, por un lado, modificar patrones socioculturales y discriminatorios a través de la implementación de la Campaña ‘El machismo es violencia’ y  tener un registro de casos de violencia, que se materializó en una Encuesta Nacional, la cual arrojó los primeros datos sobre la violencia contra las mujeres. Por otra parte, se propuso crear un sistema integral de protección y atención a víctimas, a través de ONGs especializadas y unidades de acogida como hospitales y refugios y, finalmente, se previó el acceso a la justicia con una atención gratuita, oportuna y rápida.

Sonia García Alvarado considera que “los ánimos gubernamentales han ido bajando en este tema y hoy, lamentablemente, vemos que hay un retroceso en el Código Penal, por ejemplo no tipificó el atentado al pudor como delito sexual, lo cual significa que importantes campañas como ‘Quiero estar tranquila, calles sin acoso’ de la Alcaldía de Quito, no tengan hoy un piso legal, porque ese tipo de conductas ya no están penadas. Si no hay una restricción jurídica que sancione ¿cómo se puede decir que ese tipo de conductas estén mal?” En otras palabras, seguirán siendo parte de aquello que se puede hacer.

Una preocupación más que surge sobre el nuevo Código Penal es que “no se hayan incorporado procesos para los temas de violencia que obliga la Constitución, sino que van a ser sometidos a los mismos procesos judiciales que sabemos que son largos, engorrosos y que requieren de abogado”, manifiesta Sonia con cierto desasosiego.

La realidad de muchas de las víctimas de violencia es que son mujeres dependientes económicamente y que no tienen con qué pagar abogados para su defensa e incluso ni para asistir a los tribunales. La esperanza como bien dice Sonia, es que todavía “en el veto del Ejecutivo se pueda generar una reflexión un poco más serena y que mujeres que vienen de una trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres, que hoy están en el Gobierno, puedan hacer un eco más favorable”.

¿Y qué con los tratados internacionales?

El Ecuador es firmante de todos los tratados internacionales que promueven y protegen los derechos de las mujeres como  la Convención de Belén Do Pará, para la eliminación de la violencia, de la Cedaw para la eliminación de todas las formas de discriminación, y de todas las resoluciones y acuerdos vinculantes de Naciones Unidas, que obligan al país a respetar, promover y proteger los derechos de las mujeres.

En consecuencia la Constitución, en el artículo 11, establece el principio de igualdad y no discriminación por razones de género. Entonces, la pregunta es ¿para qué sirven los instrumentos internacionales en casos como éste? “Posiblemente estos postulados del Código Penal puedan ser demandados, apelando a los convenios internacionales y a lo que la Constitución manda. Habrá que ver hasta dónde la sociedad civil usa estos mecanismos. Si el Código Penal mantiene esa línea podría contradecir convenios internacionales. El hecho de que se pueda negar atención a una mujer víctima de violencia sexual, por un aborto, pone en riesgo su derecho a la vida. No es un tema cerrado. Yo simplemente estoy alertando de algunas cosas que podrían pasar”.

Sobre el movimiento de mujeres Sonia García sostiene que éste “puede parecer muy débil pero bajo ciertas circunstancias se aglutina y es muy fuerte”. Recuerda por ejemplo, que el movimiento impidió que se cierren las comisarías de la mujer, sin que los juzgados de familia se implementaran. En el caso del municipio de Quito, fue muy radical para que no eche por la borda los Centros de Justicia y Equidad, porque eran los únicos espacios que las mujeres tenían para asesoría legal.

Entonces, continúa, “yo creería que es un tema muy sensible que va a despertar también los llamados de atención de la comunidad internacional y de los comités de vigilancia de los tratados. Sería importante que el Ecuador promueva la visita de quienes dan seguimiento a los observadores internacionales para que miren la situación de una forma más objetiva”.

No sólo sanciones sino acompañamiento 

El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia parte de que la violencia de género es el resultado de muchos componentes sociales y culturales. Desde esta premisa se logró articular a varias instituciones del Estado para que brindaran atención a las mujeres, incorporando el componente judicial y los servicios médicos. Se implementaron áreas de acogida, con atención de emergencia, en algunos hospitales del país. Una iniciativa que permitía dar atención particular pero además “detectar aquellos casos que iban a emergencia a los hospitales. Mujeres con contusiones, cortes o quemaduras que aparecían así, porque se registraba solamente el efecto, pero no la causa. Efectivamente, la atención integral que necesita una víctima y su familia, sigue estando más centrada en el ámbito penal”.

Sin embargo, reconoce que el Programa de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, bajo la premisa de que las mujeres denuncien e inicien un proceso judicial, tienen un acompañamiento, pero quienes no quieren hacerlo, no cuentan con él.

Las organizaciones sociales que venían haciendo este trabajo vieron mermados los recursos de la cooperación internacional pues se creyó que como el Estado asumió el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, se tenían recursos y que, además, como se iban a cambiar las comisarías por juzgados, pues entonces no era necesario apoyar a las organizaciones de mujeres pero “resulta que las mujeres se quedaron en la indefensión”, porque ni las organizaciones ni el Estado hacían este trabajo. “Ahí, hay un vacío y un tema pendiente del Estado y existen niveles de incumplimiento, porque no se está cumpliendo lo que dice la  Constitución: dar una atención integral”.

Así pues, de los cuatro aspectos propuestos por el Plan se evidencian avances concretos en el área judicial como lo reconoce el Observatorio. “Hoy las Comisarías transitan hacia ser juzgados de la Mujer, de la Familia y la Violencia, y esto permitirá un tratamiento más integral, pero se vuelve al mismo punto si el Código Penal no establece un procedimiento específico y particular más expedito: la impunidad va a aumentar porque por lo menos las Comisarías sancionaban a manera de contravención. Había una atención, una sanción rápida y una reparación, de alguna manera. Cuando se entra al sistema judicial, con todos los recursos que se interponen, los costos y los tiempos, se diluyen los procesos y va haber más carga procesal para los fiscales y los jueces”.

Además, no hay que olvidar que los temas de las mujeres se consideran menos importantes en todas partes y que una mujer víctima de violencia sexual es señalada inicialmente por la misma familia, aunque el delito haya sido cometido en el ámbito doméstico, como ocurre regularmente. “Son delitos difíciles de probar, no hay testigos más allá de la víctima y el victimario, porque con frecuencia son parte de las relaciones afectivas: incestos, parejas y ex-parejas”.

¿Cómo pasar del silencio a la denuncia?

Muchas mujeres víctimas de violencia sexual deciden guardar silencio, precisamente para evitar ser señaladas y juzgadas por familiares y amistades. Para que puedan superar esto, es importante acompañarlas para evitar la re-victimización y ofrecerles apoyo psicológico y emocional. Las víctimas de delitos sexuales ven afectada su autoestima, se sienten vulnerables  y temerosas de volver a ser abusadas.

La Fiscalía cuenta, desde julio de 2011, con unidades especializadas de atención a víctimas que buscan hacer menos largos y tortuosos los procesos para las víctimas, por ejemplo la toma de declaraciones ya no tiene que hacerse varias veces.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual que, como resultado del abuso sexual quedan embarazadas y son obligadas a tener el niño o niña, el proceso es más fuerte “porque son nueve meses de tortura, de rechazar su embarazo y su cuerpo; de rechazar no sólo el acto sino el producto de ello y de empezar a cuestionarse ‘lo mala’ que va a ser si es que lo da en adopción, si no lo quiere tener o porque no puede amarlo como debería. Es un proceso perverso y terriblemente duro para las mujeres”.

Y aquí volvemos al nuevo Código Penal que no aceptó como causal para suspender el embarazo la violación, afectando con ello a miles de mujeres que podrían salvar sus vidas con este mecanismo. “Es una de las cuestiones más sórdidas contra las mujeres, que nos coloca como cuerpos sin sentimientos, sin proyectos de vida y máquinas reproductoras, y que somete a las mujeres a una re-victimización, porque además de ser violadas, luego son obligadas a tener un hijo que no decidieron concebir. Es una vida de obligaciones donde no puedes reparar tu propia vida. No hay revolución posible, pensando en términos más radicales, si es que las mujeres no tienen posibilidades de ser ciudadanas al mismo nivel”.

Sonia García insiste: “éste es un tema pendiente en nuestra sociedad. Personalmente y respetando los dogmas de fe que son indiscutibles, esos  no están en discusión, creo que las políticas públicas sí tienen la obligación  de traspasar esas barreras y dar opciones para que las mujeres puedan tener una opción, y no ser obligadas. La maternidad no puede ser una obligación, producto de un acto forzado, que puede acarrear enfermedades de transmisión sexual y toda una serie de cargas muy difíciles, especialmente de orden sicológico y afectivo”.

Ese es, desde luego, el mayor desafío para este país, sin hablar del aborto adolescente que es causa de muerte y una práctica cotidiana y permanente, y que según Sonia “se va a seguir dando, posiblemente se encarezcan más los servicios, se vuelva más soterrado y con ello se provoquen más muertes de mujeres, es decir que se vuelva más peligroso”.

Ella recuerda que ninguna mujer, jamás ha ido a la cárcel por un aborto. “No ha habido un juez o un médico que sea capaz de  denunciar a una mujer por ello. Así que esta prohibición penal podría convertirse en letra muerta y va estar en el Código sin que pueda aplicarse en la realidad”.

A propósito de este tema y del problema de salud pública que acarrea el aborto adolescente en el país, César Paz y Miño, articulista del diario El Telégrafo, en su artículo ‘Ecuador y el aborto (I)’ dijo: “en el país, los embarazos no deseados de adolescentes llegan al 39%. El 60% de embarazos de adolescentes es abortado en malas condiciones de salud. El 33% de ingresos hospitalarios es por abortos que representan la quinta causa de morbilidad materna. El aborto está aquí, nos guste o no, y su práctica en malas condiciones sanitarias produce la muerte de mujeres”.

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/ecuador-y-el-aborto-i.html

CEPLAES: Centro de Planificación y Estudios Sociales  –  www.ceplaes.org.ec