Carreteras_TEXTO_ULTIMA.jpg

Por María Sol Borja

       Nelly Valbuena 

La Reforma a la Ley de Tránsito, que ya pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional, espera que una vez la Secretaría de la Asamblea convoque a pleno para el debate, los legisladores hagan observaciones al proyecto y las sugerencias de la sociedad civil sean tenidas en cuenta. Esta es la primera parte de un reportaje sobre accidentalidad en el Ecuador.

El comienzo del drama

Una llamada telefónica generalmente transforma la cotidianidad de muchas familias, que al otro lado de la línea reciben la noticia: “su familiar fue atropellado en la vía”. Este es el inicio de un drama colectivo. A la pérdida de la vida o los politraumatismos no letales que derivan en discapacidades físicas y afectaciones psicológicas, le siguen largos procesos judiciales que, generalmente, no logran la justicia esperada y que terminan por re-victimizar a las propias víctimas y a sus familiares.

Nicole Paredes, de 16 años, salió el 1 de septiembre de 2007 a un entrenamiento de triatlón “convocada irresponsablemente por la Concentración Deportiva de Pichicha que no tomó las previsiones, y fue atropellada por un conductor a exceso de velocidad, en la avenida Simón Bolívar”, relata su madre Soraya Herrera, presidenta y fundadora, junto a su esposo Polo Paredes, de la Fundación “CAVAT Nicole Paredes”.

Esta experiencia llevó a la familia Paredes Herrera a constatar, siguiendo las noticias, que el drama de su hija se repetía en muchas familias ecuatorianas que vivían diariamente la misma historia. Así empezó a funcionar el Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito, que el pasado 16 de julio realizó la 1ra. Jornada Iberoamericana “La Seguridad Vial una responsabilidad compartida”, que busca que diversas instancias estatales, privadas y sociales se sensibilicen y tomen conciencia de la gravedad de esta problemática.

Para Lorena Bravo Ramírez, subdirectora de la Agencia Nacional de Tránsito, “es una responsabilidad compartida porque los índices de siniestralidad solamente podrán bajar en el momento en el que todos apoyemos”.

La judicialización del caso de  Nicole Paredes significó “una fatal experiencia de 15 audiencias fallidas para lograr una sentencia lamentable de apenas ocho meses de prisión y tres mil dólares de multa. El dinero ni nos interesaba, porque se trataba de la vida de nuestra hija. Nosotros esperamos que las leyes cambien a favor de las víctimas”, dice Soraya Herrera con voz firme y añade: “La vida no tiene precio, la vida es la vida. Consideramos que hay que trabajar más para que la justicia apoye a las víctimas, para que nosotros seamos los respaldados y no los choferes, como es la costumbre”.

Las cifras dan lugar a diferentes percepciones sobre la problemática entre el sector oficial, los familiares de víctimas de accidentes de tránsito y las organizaciones sociales; sin embargo, en lo que sí coinciden los análisis de unos y otros, es en que las cifras han aumentado en los últimos diez años.

Según Guillermo Abad, director de la organización Justicia Vial, de acuerdo con los datos oficiales, “la tasa de crecimiento en siniestralidad vial es de un 7% anual y la tasa de crecimiento en mortalidad es de un 6%”. Pero es importante indicar que el dato oficial no necesariamente refleja la realidad”.

Por ello, varias organizaciones ciudadanas realizan análisis de las cifras de mortalidad y morbilidad, con base en el sistema del SOAT, que recopila y depura la información de los organismos oficiales, dado que a partir de ello se realizan las indemnizaciones.

En palabras de Abad “el dato oficial registra en los últimos ocho años alrededor de 3.000 muertos por año, cuando en realidad se está bordeando los 5.000 fallecidos. Tenemos más de 60 mil víctimas entre muertos, heridos y traumáticos”.

Uno de los factores que influye en el sub-registro es que la vigencia estadística del parte policial es de 24 horas y debería ser de 30 días. Cuando en el siniestro de tránsito se presentan heridos graves que fallecen, después de las 25 horas, estos quedan registrados en la estadística como heridos, pero en realidad fallecieron por el accidente.

Otro factor es que no todos los siniestros de tránsito tienen parte policial. Cuando una persona es arrollada en la carretera y la policía no se presenta pero sí lo hace la ambulancia, ésta toma un registro y cuando llega al hospital se realiza otro. En el momento en que el hospital necesita la indemnización, ya sea por lesiones o porque la persona fallece, se requiere hacer una denuncia que registra la Fiscalía. Todos estos registros los agrupa el SOAT.

Un caso que se ajusta a este análisis es el de Franklin Morales Espín, quien fue atropellado en la vía al Valle de los Chillos el 15 de julio de 1999. A los quince días del accidente despertó en el hospital. Él recuerda que solo puso la denuncia y que el responsable estuvo detenido una semana. Se hizo cargo de los gastos y salió libre. Como consecuencia del impacto, Franklin sufre una discapacidad física de por vida y depresión.

“La Organización Mundial de la Salud, usando los datos oficiales, ubica al Ecuador entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, es decir 27 muertos por cada 100 mil habitantes, pero si se usara el dato real global, estaríamos entre los seis países con mayor mortalidad en el mundo con 31.4 muertos por cada 100 mil habitantes”, concluye Guillermo Abad.

Más allá de la estadística, está la tragedia de la muerte, de la discapacidad y de la lucha para lograr justicia, una meta que se frena debido a una serie de impedimentos que, en muchos casos, sobrepasan la fortaleza y la esperanza de los familiares.

Propuestas de reformas legales

Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional Legislativa, que actualmente estudia la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, sostiene que tienen la misma inquietud porque están recibiendo información de “un incremento en el número de accidentes de tránsito, a pesar de que nuestras carreteras hoy son excelentes, a pesar de que la señalización ha mejorado sustancialmente en el país, y a pesar de que la Ley de Tránsito prevé determinados controles de velocidad que antes no teníamos. Algo está pasando, algo no está encajando, o algo en prevención no se está manejando”.

La “Fundación CAVAT Nicole Paredes” presentó a esta comisión legislativa dos recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en la actual reforma: la primera tiene que ver con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “para que se dedique exclusivamente a la seguridad  vial, porque actualmente existe la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero esta agencia le da prioridad al transporte terrestre y al tránsito, pero la seguridad vial está prácticamente olvidada”, sostiene Polo Paredes.

La segunda recomendación tiene que ver con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT y la agencia aseguradora del FONSAT “que trabaja con el 25% de los recursos que cobra el SOAT por su aseguramiento. El FONSAT tiene un directorio  conformado por un delegado del Presidente de la República, uno del Ministerio de Transporte, otro del Ministerio de Salud y uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Creemos que es importante que se incluya a un representante de las víctimas, porque nosotros conocemos más a profundidad la realidad de los accidentes. Somos una familia destruida o amigos que hemos perdido a un ser querido que ha sido víctima de un mal llamado accidente de tránsito que con un poco de prevención y educación vial, se podría prevenir”, insiste el padre de Nicole Paredes.

Notas relacionadas

Ecuador: las vías del dolor (Historias) Segunda parte

Accidentes de tránsito en Ecuador: alertas y dolor