Tras un accidente de tránsito viene el drama colectivo. A la pérdida de la vida o los politraumatismos que derivan en discapacidades físicas y afectaciones psicológicas, le siguen largos procesos judiciales que, generalmente, no logran la justicia esperada. Estas historias muestran dos caras de la realidad, que las estadísticas no cuentan y que dejan lesiones de por vida. Segunda parte del reportaje sobre accidentalidad en el Ecuador.

Por María Sol Borja

     Nelly Valbuena

Procesos judiciales largos y agotadores

Verónica Galarza, secretaria del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, es la madre de Fernando Alexander Jaramillo Galarza, un joven de 16 años que cursaba su cuarto año de enseñanza en el colegio Montufar y que perdió la vida el sábado 24 de enero de 2009. Una fecha que no olvidan sus familiares y amigos cercanos.

El joven salió a la práctica de la Banda de Guerra del plantel y tuvo un accidente de tránsito. “Un compañero llamó desde el celular de Fernando a la casa y le avisó a Ingrid que su hermano había sufrido un accidente”. Ahí comenzó una carrera por llegar hasta la Avenida Napo, al sur de la ciudad de Quito, para ver cómo estaba. Tras pasar al Hospital Vozandes, falleció.

El lunes 26 sus familiares pusieron la demanda. Desde ese momento empezó una lucha legal que lleva más de cinco años. En apenas una semana debieron cambiar cuatro veces de abogado “porque todos querían negociar y eso implicaba que debía retirar la acusación particular y no lo iba a hacer porque estamos hablando de la vida de mi hijo”, comenta Verónica.

“Yo he tenido el apoyo de mis compañeros de trabajo, de mi jefa Gina Benavides y de mi familia y sin embargo el proceso se ha demorado. Me pregunto cómo es el caso de la gente que no tiene apoyo económico, moral y de conocimiento, porque lamentablemente la impunidad ocurre por falta de conocimientos de cómo se maneja la justicia. A mí me decían: vea señora, tiene que quitar la acusación particular, porque esto no va a salir a su favor, al hombre ya le soltarán, así que mejor arregle. Coja unos cinco mil dólares, que con eso le puede enterrar y se acaba. De gana se va a desgastar, de gana va a seguir años en esto”.

Por eso Verónica cree que lo más difícil es sostener las fuerzas y sentirse respaldada para llegar hasta el final. Ella misma muchas veces estuvo a punto de “tirar la toalla”, como dice con un dolor que no cesa a pesar de los años. La sentencia por el caso de Fernando Jaramillo Galarza fue emitida el 24 de enero de 2014. Ahora su familia está comenzando el juicio por daños y perjuicios. “Estamos pidiendo la reparación integral y ya llevamos dos meses, hasta el momento, para poder citar a las personas”.

“Al estar en la cárcel no le estás aportando nada a la sociedad. Nadie gana nada.”

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Pablo se accidentó en la Av. Simón Bolívar, un sábado cerca de las siete de la mañana de camino a la universidad. No había ingerido alcohol, no iba a exceso de velocidad, no se saltó ninguna señal de tránsito ni tuvo avería mecánica alguna. Se accidentó. Porque sí, porque así son los accidentes. Su auto perdió el control en una curva y terminó del otro lado, impactándose con otro vehículo. Murió el conductor y su acompañante. Sobrevivió quien iba detrás.

Como cosa rara, Pablo no huyó.del sitio del accidente. Se quedó allí hasta que llegaron bomberos, policías y ambulancía. Lo trasladaron al hospital, luego a una clínica para tratar sus heridas. Allí estuvo dos meses, con custodia policial. Pasado ese tiempo, fue llevado a la cárcel.

Mientras estuvo detenido, su familia llegó a un acuerdo con la familia de las personas que murieron. Pagaron cerca de treinta mil dólares. Eso permitió que el juicio fuera llevado solamente por la Fiscalía, sin acusación particular.

“Mucha gente cree que cuando hay un accidente es tu culpa, y eso no es así”, dice Pablo. “Mi familia levantó datos sobre la carretera y vieron que había un desnivel en la vía, por el que pasaba un desfogue”.

En su caso, por los atenuantes, podría enfrentar una sentencia de tres años. Eso lo sabrá, en agosto, cuando asista a la audiencia. Le quedan tres instancias más, en su caso puede incluso llegar a la Corte Constitucional porque durante todo el proceso jamás ha declarado.

Dice que los dos meses que pasó en la cárcel no fueron tan terribles. Reconoce su propia capacidad de adaptación a una situación a la que jamás se imaginó verse enfrentado. “No era el fin del mundo, pero al estar ahí no le aportas nada a la sociedad. Nadie gana nada” dice a la vez que se adelanta a la propuesta que piensa hacer ante la justicia: “Quisiera hacer una campaña de concientización para evitar accidentes de tránsito”. Y es que el Código Integral Penal ya contempla la posibilidad de labor comunitaria en ciertos casos, el de Pablo cumpliría esas condiciones.

Durante los últimos cuatro años, Pablo se presenta cada mes ante un juez, no puede salir del país y no termina de resolver las consecuencias de algo que sucedió de forma fortuita.

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