Ana Virginia Rodríguez Navarro, es una mujer sindicalista que ha sido acosada laboralmente y violentada en su derecho a la libertad sindical.  Las presiones y hostilidades recibidas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia,  la llevaron a enfermarse física, mental y psicológicamente.

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Por Nelly Valbuena Bedoya

La historia de Ana Virginia llegó a Mujeres contando en voz alta, a través del blog, paradójicamente el 8 de marzo, el Día Internacional por los derechos de las mujeres, por la lucha contra la discriminación y la histórica exclusión. Ella, al igual que las cientos de mujeres trabajadoras que dieron origen a este día en 1910, es fiel representante de la organización sindical y como a muchas de estas mujeres también se le persigue y vulnera sus derechos, en pleno siglo XXI.

Ana Virginia es madre cabeza de familia y trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde el 12 de abril de 2004, actualmente es Asistente Forense grado II, del Grupo de Clínica Forense de la Regional Bogotá.

En diciembre del año 2008, se  capacitó y  se certificó como Asistente Forense pero es  en julio de 2009, cuando el Instituto la acredita, como Asistente Forense Nivel II, con énfasis en Lofoscopia, estudio de los dibujos lineales de la cara y los bordes, de las manos y los pies en los seres humanos.

Cerca de nueve años lleva vinculada al Instituto y durante este tiempo afirma, “no haber tenido ninguna falta en su trabajo”. Sus jefes inmediatos han valorado su desempeño, “incluso me han felicitado y agradecido por cumplir eficientemente las funciones encomendadas”, afirma Ana Virginia, sorprendida por la situación que enfrenta actualmente.

Entre tanto el grupo de compañeros y compañeras, reconocen en ella a una mujer trabajadora y responsable razones por las cuales, fue elegida Presidenta del Sindicato de la Seccional Cali- Valle, en el año 2011, en la Regional Suroccidente. Posteriormente la  Regional Bogotá, la nombró como su representante ante el Comité de Convivencia y Resolución de Conflictos de Acoso Laboral para el periodo 2012-2014, con una mayoría de votos, 175 de un total de 225.

Un reconocimiento a su trabajo por la reivindicación de los derechos de las mujeres en las organizaciones sindicales, espacios tradicionalmente machistas, en los que las mujeres han tenido que pelearse literalmente los derechos que les corresponden, para lograr hacer realidad la doble condición de clase y de género.

Tras este nombramiento comenzaron los problemas con la Institución, “pues el hecho de ser sindicalista me trajo una serie de violaciones a mis derechos humanos y laborales”. Violaciones que Ana Virginia sostiene vinieron cuando en la Entidad se enteraron de  su condición de aforada, es decir de persona que por su cargo dentro del Sindicato goza de ciertos privilegios.

Muchas son las mujeres que en Colombia han logrado llegar a espacios de decisión como los comités ejecutivos de las centrales obreras, una de ellas es Ligia Inés Álzate perteneciente a la Central Unitaria de Trabajadores CUT y el caso emblemático, el de Gloria Inés Ramírez quien logró llegar al Senado de la República, por la participación política de las mujeres sindicalistas.

En este arduo camino también han estado mujeres como Patricia Buriticá, Bertha Elizabeth Muñoz, María del Carmen Trujillo, July Evelyn González Villadiego, Bertha Rey Castelblanco, Luz Dary Hernández Orozco, Clemencia Vanegas Manrique, Ivonne Rodríguez García, Esperanza Morales Correa, Sofía Suarez, entre otras.

En Colombia la libertad sindical y el derecho de asociación de los y las trabajadoras están consagrados en la Legislación en los artículos 38 y 39 de la Constitución de 1991. Allí se alude principalmente a la libertad de asociación y al derecho de constitución de sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado.

Por su parte la Corte Constitucional, a través de las Sentencias T-418 y C-441 clarifican las diferencias entre el derecho de asociación inherente o esencial para toda la ciudadanía y el derecho de asociación sindical. En el año 2004 se expidió la Ley 584, acorde a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en la que se precisa aún más la libertad sindical.

En la 98º Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT hizo un  llamado al cumplimiento de los derechos de afiliación y asociación sindical, señalados en el Convenio 87 y reclamó mayores niveles de diálogo social, como respuesta a la larga violencia antisindical colombiana. Allí también se insistió en la necesidad de encontrar espacios de protección para los derechos sindicales de las mujeres.

El inicio de la pesadilla

En noviembre de 2011 el Director General  del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés Moreno, ordenó abrir la indagación preliminar número 097 en su contra, el argumento: “haber faltado a laborar los días 17 y 18 de noviembre de 2011”.

La explicación, dice Ana Virginia, a esta investigación  está sustentada en que como Presidenta de la Directiva Seccional Cali, Valle de Sindemedilegal, tramitó un permiso para asistir a una capacitación, dentro de la Formación Político Sindical que estaba tomando en el Departamento de Educación de la CUT –Valle, para asistir al VIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas en República Dominicana. El permiso sindical fue otorgado por el superior jerárquico, Carlos Hernán Osorio Hormanza, para el día 17 de noviembre de 2011.

Como debía estar dos días por fuera solicitó permiso, por un día más (18 de noviembre) a su jefa inmediata, Martha Lucia Sanclemente, para realizar actividad sindical. Autorización que le fue concedida por ella, sin embargo, estando en República Dominicana, el 17, recibió  un correo electrónico en el que le indicaban que debía presentarse a trabajar el día 18 de noviembre de 2011, porque el Director  Regional no había avalado el permiso.

Ana Virginia recuerda que hasta el mes de noviembre de 2012, es decir el año pasado, no era requisito la firma del Director Regional para el permiso de un día. Esto se comprueba con  el  formato de permiso sindical   por  un día, fechado el 2 de noviembre de 2012, autorizado por su entonces  jefe inmediato, John  Villegas.

Entonces lo que resulta extraño es que se haya aprobado un permiso sindical por un día, en 2011  y que luego al estar disfrutándolo, se lo nieguen. Desde luego, le era imposible presentarse a trabajar el día 18, pues se encontraba fuera del país y había viajado con la firme convicción de estar actuando  bajo el amparo de un permiso sindical.

Tanto el Director General Carlos Eduardo Valdes Moreno, como el Director Regional Jairo Antonio Silva Cadena y el Superior Jerárquico Martha Lucía Sanclemente, desconocieron el fuero sindical de Ana Virginia como Presidenta de la Directiva de Sindemedilegal Seccional Cali-Valle, así como se olvidaron de la resolución 000527 del 15 de abril de 2009,  en su Artículo Primero: que dice: “Se concede un día de permiso sindical  a la semana, para los Presidentes de las Directivas Seccionales”.

En el  Artículo Segundo que “incluye descarga laboral, con el fin de garantizar la actividad sindical” y el Artículo Tercero que contempla que “el Secretario General, los Subdirectores, los Jefes de oficina Asesoras, Directores Regionales y Seccionales, dentro de las áreas de su competencia, podrán conceder permisos sindicales, adicionales a los señalados en el Artículo Primero de la presente resolución, cuando se trate de actividades especiales del sindicato, tales como: asistencia a juntas nacionales ampliadas, capacitaciones sindicales y asamblea de delegados, entre otros”.

Pero este hecho no concluyó allí. La segunda fase se dio el 8 de marzo de 2012, cuando José Guillermo Mateus Corredor, ordenó mediante el auto 000128, abrir investigación disciplinaria 097-20011, contra Ana Virginia Rodríguez “por haber faltado a laborar sin justa causa los días 17 y 18 de noviembre de 2011”. Esta demanda incluyó además el día 21 de noviembre de 2011, fecha en que se encontraba con incapacidad médica del Servicio de Salud Bartolomé Colón, de Santo Domingo, República Dominicana, pues estando allí y por la presión del correo electrónico recibido se  enfermó. El diagnóstico  fiebres, vómitos y diarreas.

La demanda incluyó este día bajo el argumento de que Ana Virginia no hizo trascribir por su EPS la incapacidad de dos días, trámite que nadie, ni el Director Regional, ni la Oficina de Personal, le informó que debía realizar.

Una revisión a la Ley Antitrámites, del 10 de enero de 2012, en su Decreto 0019, indica que “la transcripción de las incapacidades por enfermedad general, deben ser adelantadas de manera directa por el empleador, es decir que ella no debía hacer esta diligencia sino la Oficina de Personal, de Medicina Legal.

A la demanda se le sumó, el mismo 8 de marzo de 2012, una decisión intempestiva e inmediata. De Cali, su ciudad de trabajo, fue trasladada a Bogotá mediante resolución 000164 firmada por el Director General, Carlos Eduardo Valdés Moreno. La institución desconoció el recurso de apelación interpuesto por Ana Virginia y con el cual buscaba que se cambiara o pospusiera la decisión del traslado inmediato. Ante el desconocimiento debió cambiar de domicilio el día 23 de marzo.

Esta transferencia laboral por un lado desarticuló a su familia pues su esposo no logró conseguir traslado, en tan poco tiempo a Bogotá y por el otro su hija menor se vio afectada al ser separada del padre y de su entorno estudiantil.

En menos de un mes debió conseguir un colegio en Bogotá, comprar uniformes de diario, gala y educación física, útiles escolares y pagar nuevamente costos de inscripción y de matrícula. La niña tuvo que iniciar el grado noveno cuando el calendario académico de la capital transcurría por el segundo trimestre, lo que la obligó a presentar talleres de recuperación, en medio del cambio de amistades, de docentes y de su afectación sicológica al verse separada del padre y viviendo en un apartamento arrendado y sin muebles, pues sólo hasta el 18 de abril la Subdirección Administrativa y Financiera, SAF,  le hizo el envío de estos a Bogotá.

En medio de la incertidumbre y de la desolación por las medidas tomadas en su contra por la Institución, recibió sus enseres estropeados. El avalúo de los daños es de $680.000 razón por la cual Ana Virginia, acudió ante el Director General, para que le respondieran por esta pérdida material a lo que éste respondió “que la responsabilidad es de ella por no haber embalado bien los muebles” y se negó a darle los datos de la aseguradora para adelantar ante ellos los trámites pertinentes.

Como si fuera poco el traslado terminó por afectar su relación de pareja que se vio deteriorada, “al punto de tener que iniciar proceso de alimentos, agotando el recurso de conciliación ante la Procuraduría”, instancia en la que el proceso sigue vigente. A toda esta difícil situación se le suma un proceso de divorcio.

Los atropellos continuaron…

A través  de la Resolución 000238 del 20 de abril de 2012, el Director General del Instituto ratificó el fallo del Proceso Número 122-2009-CDI, tras la queja  interpuesta por Jorge Almario Torres,  jefe de la Oficina de Personal, con el oficio 1462-2009-OP, através de oficina de Control Interno Disciplinario.

El oficio plantea que “teniendo en cuenta los diferentes escritos recibidos a través de diversas fuentes, tales como algunos organismos de control, de la misma funcionaria citada en la referencia, ante lo incomodo de la situación y debido a que permanentemente cuestiona actuaciones de la presente Administración, comedidamente pongo en conocimiento (…)”

Este fallo fue emitido por José Guillermo Mateus Corredor, basado en las tres únicas quejas presentadas ante el Comite de Convivencia de la Regional Bogotá, en el mes de agosto de 2008.

Es importante recalcar que  no se aportaron pruebas del daño, ni de la afectación del servicio, pues no fueron comprobadas ni se le permitió a Ana Virginia el derecho a la defensa. Lo que comprueba una vez más, y como se afirma en  el fallo, que la denuncia obedece a que ella “cuestiona actuaciones de la presente Administración”.

Ana Virginia recuerda que tras este hecho, en el mes de noviembre de 2008, Carlos Arturo Jiménez Pájaro, en calidad de Director Regional en el año 2008, la trasladó al área de Clínica Forense de la Regional Bogotá, sin que  se presentaran quejas posteriores, por lo tanto, es “incomprensible que en el  año 2009 le abran investigación disciplinaria por estas únicas quejas, consideradas como cosa juzgada y más incomprensible aún el que haya sido sancionada, causándole daño psicológico, económico y disciplinario.

En el mes de octubre de 2012 por orden del  Director General, Carlos Eduardo Valdés Moreno, es remitida al  área de Recepción y Traslado de Elementos Materia de Prueba, EMP, bajo el argumento de la necesidad del servicio en esta área, razón además que motivó su traslado de Cali, sin embargo a su llegada, a la Regional Bogotá, fue asignada al área de Kardex del grupo Clínica Forense. Es decir que de manera arbitraria le cambiaron las funciones.

La orden se efectuó sacándola de inmediato de su puesto de trabajo sin permitirle llevar sus elementos de uso personal. Sellaron la oficina bajo una indicación firmada por el Coordinador de Clínica John Wilmer Villegas y el Jefe Seguridad y posteriormente fue enviada a la casa con un compensatorio obligatorio.

El 6 de noviembre de 2012, nuevamente la mandaron a desempeñar las funciones de recepción de EMP (Elementos Materia de Prueba) de las unidades básicas del  Grupo de Clínica Forense de la Regional Bogotá. Allí recibió un atraso de más 60 EMP, algunos con más de un mes de la fecha de recolección.

Claudia Adriana García Fino,  Directora Regional Bogotá, ordenó el 9 de noviembre de 2012, abrir indagación preliminar a cuatro médicos forenses y a Ana Virginia Rodríguez Navarro por reunirse y  solicitar apoyo para los compañeros de la Regional Suroccidente, que se encontraban en cese de actividades, unidos al paro del Asonal Judicial y solicitó aclarar las dudas suscitadas por la presión ejercida por Sindimedilegal.

El antecedente de este hecho está en que Ana Virginia logró, en octubre de 2012, que personas del Instituto pudieran afiliarse a Asonal Judicial, teniendo presente que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por Constitución Política y por Ley (938 2004), es parte de la Rama Judicial en Colombia. Esta acción fue considerada por Sindimedilegal y las Directivas de Medicina Legal como una forma de división e intervinieron, ante Asonal Judicial, para que no les permitieran su ingreso. Actualmente cerca de 300 personas del Instituto de Medicina Legal son  afiliadas y cada vez  más se asocian a Asonal Judicial.

Sindemedilegal, es el Sindicato de base, pero ha perdido representatividad debido, entre otras razones a que “la Junta Nacional es totalmente patronal y ha negociado con la Dirección General ascensos y pago de estudios como pregrados, especializaciones y maestrías. Actualmente sólo cuenta con cerca del 8% de representación, unos 200 afiliados y afiliadas de 2000 trabajadores y trabajadoras del Instituto”, sostiene Ana Virginia.

Ante esta crisis surgió otro Sindicato ASPEF, conformado inicialmente por profesionales en ejercicio forense, posteriormente se abrieron a todas las personas. “Este sindicato tiene alrededor del 5% de la representación, unas 100 personas afiliadas”.

“Es importante  aclarar que el  Director General,  Carlos Eduardo Valdés Moreno, instó en su momento, a no apoyar las actividades sindicales de Asonal Judicial a través de videoconferencias y correos electrónicos”, afirma Ana Virginia.

Los efectos en su salud…

Estos procesos disciplinarios en su contra, el traslado de una ciudad a otra  y los continuos cambios en sus funciones han afectado la salud física, mental y psicológica de esta mujer funcionaria pública, madre cabeza de familia y sindicalista.

Las manifestaciones más graves se presentaron el 31 de octubre del año pasado. Cuando se encontraba en una reunión familiar, empezó a hablar incoherencias en las que  manifestaba sus intenciones de suicidarse y repetía “estar cansada de luchar contra la injusticia y la maldad de algunos compañeros de trabajo”.

El 8 de noviembre de 2012 fue atendida por  urgencias en la Clínica de Occidente. Los médicos encontraron un dolor de pecho inespecífico, asociado a estrés laboral y la incapacitaron por tres días.

Al regreso del permiso médico se encontró con un oficio de la Directora Regional Bogotá, Claudia Adriana García Fino, en el que le ordenaba pasar a desempeñar otras funciones en la Regional Bogotá, bajo la coordinación de la jefe administrativa; funciones totalmente distintas a las que venía desempeñando en Recepción de Muestras y Kardex.

El día 22 de noviembre, de nuevo su salud física y mental se vio afectada. Mientras estaba cumpliendo sus funciones,  debió acudir a cita prioritaria al  Clinicentro de  las Américas, a donde llegó con un fuerte dolor de cabeza que los médicos, de inmediato, diagnosticaron como un cuadro asociado a estrés laboral y la remitieron a psiquiatría.

El día 5 de diciembre de 2012, inició tratamiento psiquiátrico y comenzó a ser medicada con Clonazepam, un medicamento usado para controlar ataques repentinos e inadvertidos de miedo y para reducir la preocupación que estos ataques provocan. Estas tabletas actúan reduciendo la actividad eléctrica anormal del cerebro.

El día 22 de enero de este año, de nuevo  le ordenan funciones en Kardex y ocho días después, el 30 de enero, recibió el fallo condenatorio de la investigación disciplinaria 097-2011, en el que se le suspende en el ejercicio del cargo por 30 días, junto con una inhabilidad especial por el mismo tiempo, que le impide ejercer cargos públicos.

Esta noticia le provocó una cefalea tensional, una vez más asociada a estrés laboral, que la llevó a incapacidad médica por dos días y a continuar medicada con el Clonazepam.

La presión sistemática de estos hechos laborales condujo a Ana Virginia a una tensión laboral insostenible, que tiene su mayor expresión en el debilitamiento de su salud física y mental.

“El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de sus directivas emprendió un acoso laboral y de violación del derecho a la Libertad Sindical contra mí pero las hostilidades continúan básicamente por ser mujer y dirigente sindical”, argumenta Ana Virginia Rodríguez Navarro.

La historia de sus relaciones con la Institución y sus directivas se parte en dos, antes y después de aceptar ser parte de la organización sindical. “Como si hubiera ingresado a la actividad delincuencial,  se me empezó a tratar diferente al punto de iniciar los procesos disciplinarios  y los acosos laborales, no sólo por ser dirigente sindical sino por reclamar los derechos mínimos laborales y en especial los derechos mínimos  de la  mujer trabajadora”.

La persecución contra Ana Virginia Rodríguez continúa, los dolores de cabeza cada vez son más fuertes y la angustia se incrementa sin que la Aseguradora de Riesgos Laborales haya  iniciado la investigación correspondiente,  ni se haya dado  trámite a la  queja  por acoso laboral en el Comité de Conciliación, donde ella reclama su protección como mujer. Mientras tanto la Entidad sigue llamándola a diligencias que cancela  y programa para días después, lo  cual le genera a  ella más intranquilidad y comportamientos  de  cambios en su actividad psicológica, indica su abogado, Arturo Portilla Lizarazo.

                                Fotos: Archivo personal Ana Virginia Rodríguez Navarro